Por Eder Erick Castro Parraga
La historia militar y la ciencia política comparten una máxima clásica atribuida tanto al estratega prusiano Carl von Clausewitz como a Napoleón Bonaparte: “Nunca interrumpas a tu oponente cuando está cometiendo un error”. En el complejo tablero de ajedrez de las elecciones presidenciales de Colombia de este 2026, esta regla de oro no solo explica el sorpresivo resultado de la primera vuelta electoral del pasado 31 de mayo, sino que define de manera milimétrica la ruta crítica de la inminente segunda vuelta programada para el próximo 21 de junio.
Mientras el gobierno de Gustavo Petro se desgasta en una frenética e ilegal campaña de proselitismo directo para rescatar la candidatura oficialista de Iván Cepeda, el candidato de la oposición, Abelardo de la Espriella, ha ejecutado una estrategia de manual basada en la paciencia, el silencio oportuno y la contraofensiva institucional. La premisa del candidato de la derecha ha sido tan clara como letal: el mayor activo de la oposición no reside en la estridencia de sus propios discursos, sino en dejar que el colapso ético, el desespero político y las crecientes tensiones jurídicas del proyecto oficialista hablen por sí solas ante la ciudadanía.
Para comprender el impacto de esta estrategia, basta observar cómo De la Espriella logró coronarse ganador de la primera vuelta, conquistando un aplastante 53.4% del voto en el exterior y arrebatándole al petrismo el fortín clave de la clase media en Bogotá, particularmente en los estratos 3 y 4, donde el oficialismo pasó de controlar más del 90% de los puestos de votación en 2022 a menos de la mitad en 2026. Este viraje electoral no es fortuito; es el resultado directo del comportamiento de la propia Casa de Nariño. Ningún mandatario en la historia republicana reciente de Colombia había desafiado de forma tan abierta el mandato taxativo del Artículo 127 de la Constitución Política, que prohíbe estrictamente a los servidores públicos participar en política o utilizar los bienes del Estado para favorecer causas electorales.
Al asumir de facto el rol de jefe de debate de su candidato, empleando las alocuciones oficiales, el canal público RTVC y una incesante andanada de arengas proselitistas en redes sociales, el presidente ha caído en la trampa de su propia incontinencia verbal. Frente a la agresión, De la Espriella ha respondido aplicando la doctrina clásica de Sun Tzu: evitar el fango de la confrontación estéril en los términos que el adversario propone. Mientras el mandatario se enreda en ataques personales que rozan lo anecdótico, la oposición ha respondido con distancia ejecutiva y denuncias formales ante el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta postura ha permitido que la opinión pública perciba un contraste nítido entre un Ejecutivo desbordado y una alternativa política firmemente anclada en el respeto a los pesos y contrapesos institucionales.
La solidez de esta estrategia se hace aún más evidente cuando el debate político abandona la retórica y se asienta en la contundencia de las pruebas técnicas. La narrativa de la pureza política del Pacto Histórico terminó de disolverse cuando el CNE ratificó, en abril de 2026, la violación definitiva de los topes de gasto de la campaña de 2022 por un monto superior a los $3.000 millones de pesos, acumulando sanciones económicas que superan los $5.900 millones. Frente a la gravedad de este escenario y el avance de los expedientes penales bajo el amparo del Artículo 396 del Código Penal —que sanciona con privación de la libertad a los administradores de campañas que excedan los límites de dinero permitidos y que hoy tiene bajo la lupa de la Fiscalía al exgerente y suspendido presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán—, la mejor respuesta opositora ha sido el silencio de la certeza. No se necesita polemizar cuando los peritos contables y la ley hablan con tanta claridad.
Incluso los intentos del oficialismo por blindar judicialmente al presidente en el Congreso han terminado operando como un bumerán político. El polémico auto inhibitorio dictado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara el pasado 3 de junio de 2026 para archivar las investigaciones contra el mandatario fue presentado por el Gobierno como una victoria definitiva. Sin embargo, los rigurosos salvamentos de voto de los congresistas Gloria Elena Arizabaleta y Wilmer Carrillo desnudaron ante el electorado el desorden administrativo de una comisión que acumula miles de expedientes engavetados. Este archivo político, lejos de limpiar la imagen presidencial, validó la tesis opositora de que el Ejecutivo opera bajo un preocupante manto de impunidad procesal, lo que generó una profunda indignación en las clases medias y los sectores productivos.
Este panorama de crisis ética se complementa con un diagnóstico macroeconómico alarmante y un debate profundo sobre el modelo de Estado. Destacados juristas como J. Mauricio Gaona han advertido con insistencia sobre los riesgos de una transición hacia una «dictadura constitucional» mediante la denominada «Estrategia Martillo», caracterizada por el uso incesante de decretos gubernamentales diseñados para eludir o anular el control de las altas cortes. Frente a un déficit fiscal proyectado que amenaza con superar el 7% del PIB y una economía real resentida, el plan de gobierno «Defensores de la Patria» de De la Espriella ha logrado capitalizar la incertidumbre. El empeño del oficialismo por forzar una Asamblea Nacional Constituyente y su hostilidad hacia la prensa libre terminaron provocando un pánico electoral positivo: la movilización silenciosa de un electorado trabajador que prefiere el orden de las urnas al desorden de las calles.
A medida que se aproxima el definitivo 21 de junio, las alarmas sobre posibles asonadas promovidas por sectores oficiales en caso de una derrota han activado el principio de someter al enemigo sin librar batalla física. La respuesta estratégica de la campaña de De la Espriella no ha sido convocar a la confrontación de masas en las calles, sino anticiparse institucionalmente mediante la articulación de la reserva activa de las Fuerzas Armadas y de Policía, la consolidación de alianzas con gremios económicos golpeados por las reformas y la activación de alertas preventivas ante la comunidad internacional. Al visibilizar el plan de desestabilización gubernamental, la oposición le ha arrebatado al Palacio de Nariño el factor sorpresa, neutralizando de forma anticipada cualquier intento de desconocer el veredicto democrático.
El próximo domingo de elecciones, el voto de los colombianos trascenderá las simpatías partidistas o el carisma de los candidatos. Lo que realmente se definirá en las urnas es la vigencia misma de la Constitución de 1991 y la supervivencia de las garantías básicas de seguridad jurídica necesarias para que el país pueda seguir invirtiendo, trabajando y creciendo bajo reglas predecibles. Frente a un régimen que optó por gobernar al límite de la legalidad y el orden constitucional, el silencio estratégico y el apego estricto a las instituciones han demostrado ser la herramienta política más poderosa. En momentos de máxima polarización, la opción que prevalece en la historia no es la que atiza el fuego del caos, sino la que decide refugiarse, con absoluta firmeza, en el imperio indiscutible de la ley.